Al menos una docena de solicitudes, principalmente de pequeñas empresas que en tiempo récord estaban avisando al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que necesitaban hacer cancelaciones de contratos a empleados, prendió las alarmas.

Las denuncias frecuentes de ciudadanos que acudían a esa cartera a exponer sus reclamos por despidos que argumentaban como “sin justa causa” también han estado a la orden del día.

Esas circunstancias llevaron al Ministerio de Trabajo a expedir la resolución, según la cual “ninguna de las direcciones territoriales podrán autorizar despido de empleados”.

La indicación apunta a que “las solicitudes de empleadores para suspensiones de contratos o despidos colectivos que lleguen a las direcciones territoriales serán remitidas a la Unidad de investigaciones especiales de la dirección de inspección de vigilancia y control del Ministerio del Trabajo”.

Dicha dependencia será la única autorizada para estudiar esas peticiones.

Previo a que esta medida saliera a la luz pública se conoció que la empresa SAI, perteneciente en más de un 80 por ciento a Avianca Holdings, había tomado lo que llamó “decisiones difíciles”.

Según indicó SAI, que es una SAS de servicios aeroportuarios integrados, el panorama actual con el coronavirus los condujo a las decisiones laborales. “Frente a las medidas impuestas por los distintos gobiernos y las restricciones generalizadas de vuelos internacionales en el hub de Bogotá, SAI tuvo que tomar difíciles decisiones en relación con servicios tercerizados que prestaban algunas empresas de servicios temporales que son actuales proveedores de la compañía”.

Como esta habría otras empresas, principalmente relacionadas con los primeros sectores afectados por la emergencia sanitaria y económica que vive el país, entre los que se destacan el transporte aéreo y lo relacionado con turismo (hoteles, restaurantes, agencias).

Según indicó Cabrera, la resolución busca ejercer un estricto control de las solicitudes que los empleadores hagan con respecto a recorte de nóminas, despidos colectivos y suspensiones de contratos.

Si bien acepta que el panorama del mercado laboral es complejo, teniendo en cuenta el freno en la economía que suponen las medidas preventivas ante la emergencia, el jefe de la cartera de Trabajo indicó que “la prioridad es proteger el tejido social del país”, por lo que hizo un llamado a las empresas a evaluar y tratar de buscar soluciones que permitan proteger el empleo.

De hecho, el fin de la resolución es establecer una especie de “fiscalización laboral”, en el contexto de la cual se procure pensar en la solidaridad con los trabajadores.
Cabrera expresó que el Gobierno continúa estudiando otras medidas de fondo para apalancar a los empresarios de los sectores más afectados para que puedan corresponder con el pago de la nómina en un momento de poco dinamismo de la producción. Al mismo tiempo, agregó el Mintrabajo, “estamos buscando salidas para estimular la economía, a cambio de que se mantengan los empleos en el país”.

Hay que señalar que durante esta semana, el Ministro tuvo un encuentro virtual con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuyo estimativo es que en el planeta se podrían llegar a perder 25 millones de puestos de trabajo, tras la crisis generada por el coronavirus.