Una de las pesadillas que viven los ciudadanos a la hora de hacer diligencias con las entidades públicas es la tramitología a la que se ven sometidos.

Sin embargo, en los últimos meses, especialmente tras la pandemia, el Estado ha venido disminuyendo la cantidad de papeleos que deben hacer los ciudadanos, lo que ha representado un alivio para las finanzas de la nación.

De acuerdo con un informe de la Función Pública, revelado esta semana, desde agosto de 2018 hasta abril de este año ha habido un ahorro de 310.950 millones de pesos.

“Una de las grandes apuestas de Función Pública ha sido la de hacer más eficaz la relación entre los ciudadanos y el Estado, de manera que para lograrlo la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites implementada en las entidades ha jugado un papel fundamental y los resultados han sido para los ciudadanos, porque les hemos generado ahorros importantes a su bolsillo”, dijo el director de Función Pública, Nerio José Alvis.

El reporte entregado por la entidad destaca que en solo abril se implementaron 48 acciones de racionalización de trámites que generaron 2.848 millones de pesos de ahorros para los ciudadanos.

Función Pública destacó que, al hacer un balance entre agosto de 2018 y con corte a abril de 2022, se logró la implementación de 3.304 acciones de racionalización en trámites, de las cuales 1.198 fueron de entidades nacionales y 2.106 de territoriales.

En esa línea, 1.214 acciones racionalizadas fueron de tipo administrativo; 300 correspondieron a aspectos normativos (es decir, modificaron normas vigentes) y 1.790 de tipo tecnológico, es decir, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitaron la interacción del ciudadano con el Estado.

Así las cosas, en los cuatros años del actual Gobierno los ahorros para los ciudadanos por racionalización de trámites en el país supera los 310 mil millones de pesos hasta abril.