En manos del Concejo de Medellín estaba la decisión de aprobar o no los recursos para que el Valle de Aburrá tuviera una cárcel para sindicados y así mitigar el hacinamiento en estaciones de Policía, que supera el 200%  El problema, sin embargo, es que dichos millonarios recursos serían mediante vigencias futuras, por lo que serían parte del presupuesto de futuras alcaldías y no de la actual. Con una votación de 11 votos positivos y 9 negativos, el Concejo aprobó dicho proyecto de acuerdo y la alcaldía Quintero podrá disponer de más de $670.000 millones para construir la obra mediante la figura de Alianza Público Privada (APP).

En total, se aprobaron vigencias por $56’210 millones anuales efectivos entre 2026 y 2037. La construcción se prevé comience en 2024 y su funcionamiento está planteado para el 2026 bajo el modelo público privado. Dicha cárcel, ubicada en San Cristóbal, tendrá capacidad para a 1.339 personas en calidad de sindicados. 

“Este proyecto resuelve dos problemas flagrantes de la comunidad: El primero es el hacinamiento en las Estaciones de Policía, inhumano, indigno, falto de salubridad, toda una problemática que alcanza las 2.000 personas aproximadamente. En segundo lugar, el cumplimiento de una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a los municipios a resolver este problema, que es una bomba de tiempo para la ciudad”, dijo Rodrigo Foronda Morales, director de la Agencia Público Privada (APP).

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo, indicó que hay 108 policías dedicados a la custodia de los sindicados en las estaciones de Policía en lugar de estar en las calles generando condiciones de seguridad para los ciudadanos.