Amedida que pasan las semanas son cada vez más sonoras las alertas de los expertos con respecto a la creciente probabilidad de que el fenómeno de El Niño se haga presente en los próximos meses. Las mediciones de la temperatura del agua tanto en las áreas costeras de Ecuador y Perú, como en la llamada zona de confluencia intertropical del Océano Pacífico, muestran números que superan las marcas previa

Si las previsiones actuales se cumplen, dentro de poco veremos eventos extremos a lo largo y ancho de las Américas. Me refiero a precipitaciones intensas o sequías fuertes, además de perturbaciones atmosféricas como los tornados que han asolado a partes del territorio norteamericano.

Aunque, a decir verdad, las alteraciones se observarán en los cinco continentes, estamos más expuestos que otros. Las particularidades de nuestra geografía biodiversa, combinadas con asentamientos urbanos localizados en áreas de riesgo, aparte de vastas extensiones dedicadas a la agricultura, nos hacen vulnerables y son un motivo de preocupación que hay que tomar muy en serio.

Como lo han señalado los científicos desde hace rato, episodios más intensos forman parte del calentamiento global que, lamentablemente, sigue su curso. Durante la tercera semana de marzo quienes integran el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, sigla en inglés), adscrito a las Naciones Unidas, señalaron el daño ya causado sobre la naturaleza y los seres humanos por el alza promedio de más de un grado centígrado de las temperaturas en el planeta, en comparación con los niveles de la segunda mitad del siglo XIX.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, la pobreza extrema habría de aumentar un 300 % para el año 2030 en América Latina y el Caribe por cuenta del cambio climático.

Dicha progresión sigue su curso, a pesar de los llamados a la acción y los compromisos internacionales suscritos. Si bien la adopción de métodos sostenibles y no convencionales para la generación de energía avanza con gran vigor, es indispensable redoblar esfuerzos pues, según los expertos del IPCC, la ventana de oportunidad para conseguir resultados efectivos amenaza con cerrarse.
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Para nadie es un secreto que este es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. No queda una región del planeta que no se vea azotada por catástrofes naturales, aumento en las temperaturas, afectaciones sobre la agricultura y, en consecuencia, sobre la producción de alimentos.

Como si ello fuera poco, tales fenómenos golpean principalmente a las poblaciones más vulnerables. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, la pobreza extrema habría de aumentar un 300 % para el año 2030 en América Latina y el Caribe por cuenta del cambio climático.

¿Qué tanta responsabilidad tenemos los latinoamericanos en lo que sucede en el ámbito planetario? No está de más recordar que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la región ascienden al 8,4 por ciento del total mundial, algo que se asemeja al peso de la economía y la población en sus respectivos indicadores globales.

Aun así, vale la pena subrayar que el sector energético está por debajo de la norma universal en sus aportes (43 contra 74 por ciento), mientras que con el segmento de agricultura, ganadería, silvicultura y cambios en el uso del suelo pasa lo contrario (31 contra 14 por ciento). En concreto, la deforestación muestra una alta cuota de responsabilidad en el balance mencionado.

                                                         

La deforestación es una de las causas de inundaciones y avalanchas. La imagen es de Montañita (Caquetá).

Asignatura pendiente

Por tal motivo, cualquier acción que se tome exige reconocer las particularidades citadas, entre otras para que los remedios no se apliquen en las mismas dosis que en otras latitudes en donde la realidad es muy distinta. A lo anterior se añade la asignatura pendiente de la pobreza y la desigualdad.

Y es que la precariedad de la población de más bajos ingresos se expresa de muchas maneras que van desde el costo de la comida o el acceso a la misma hasta la precariedad de las viviendas o su ubicación en zonas de riesgo. A lo anterior se agregan desafíos de siempre como la informalidad laboral o la todavía baja cobertura de la salud. Para nadie es un misterio, además, que la pandemia implicó retrocesos en este frente.

Si bien resulta correcto disminuir la huella de carbono mediante acciones que van desde la protección de áreas naturales hasta la limitación de las industrias extractivas y la puesta en marcha de una matriz productiva sostenible, los desafíos son múltiples. Tal vez el más evidente es cómo cumplir estas metas en sincronía con los objetivos de reducción de la pobreza y la marginalidad.

Conseguir ambos propósitos forma parte de la línea de trabajo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Con ocasión de la aprobación de aumentar el capital de la entidad a mi cargo en 7.000 millones de dólares, sucedido en marzo de 2022 durante nuestra asamblea de accionistas, dimos a conocer una propuesta renovada. Esta se resume en la intención de ser un Banco Verde que pasa no solo por la sostenibilidad, sino por el cuidado de la biodiversidad, incluyendo la de nuestros mares.

En términos prácticos, se trata de poner a disposición de los países en los que trabajamos 25.000 millones de dólares de financiamiento verde directo en el lapso de cinco años. Para 2026, el 40 por ciento de las operaciones aprobadas en ese periodo deberían enmarcarse en esta categoría.

De tal manera, hemos venido incorporando variables ambientales y climáticas en el diseño y estructuración de todos los proyectos y programas en los que estamos involucrados. Hablando en forma específica, nos interesan estrategias que impliquen conservación de la biodiversidad, uso sostenible del capital natural, al igual que esquemas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Respecto a la agenda temática, lo acordado comprende programas relacionados con agua, economía circular, energía, transporte, digitalización, agricultura o desarrollo forestal. Aparte de recursos, la intención es proveer asistencia técnica que comprenda marcos regulatorios, buenas prácticas e intercambio de experiencias exitosas.

Lo anterior, claro está, no tiene por qué contraponerse con el reto de conseguir un mayor desarrollo social. De hecho, con ocasión del incremento de capital al cual me refería unas líneas atrás, recibimos el mandato estratégico de ser el Banco de la reactivación económica y social en las naciones en las cuales operamos.

Agenda verde

Siempre he sido un convencido de que la puesta en marcha de una agenda verde (y también azul, que cuide los océanos) es una gran oportunidad de progreso para América Latina y el Caribe. Dicho lo anterior, el CAF de manera usual ha hablado sobre la urgencia de evaluar políticas ambientales en función de una mejora en los indicadores de pobreza, pues en nuestra opinión se trata de objetivos concordantes.

Al respecto, es corriente encontrar el argumento según el cual el crecimiento económico está asociado a una huella de carbono más alta, como lo sugiere el ejemplo de China a lo largo de las décadas pasadas. De hecho, durante la pandemia, que derivó en una contracción en tantos lugares, los vertimientos a la atmósfera se redujeron.
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¿Es decir que debemos elegir entre reducir las emisiones o reducir la pobreza? Insisto en que este puede ser un falso dilema. Métodos productivos más limpios y estilos de vida sostenible abren inmensas posibilidades que no podemos desconocer en una región tan bendecida por la naturaleza como la nuestra.

Aparte de lo anterior, el debate debe darse con sistemas de medición adecuados que muestren un panorama mucho más amplio. Me refiero a los índices multidimensionales. Es decir, no se trata únicamente de examinar el ingreso monetario de los hogares, sino elementos como el acceso a servicios públicos, salud, vivienda, educación y medioambiente, como factores complementarios.

Tanto el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), como el Banco Mundial, de la mano de una treintena de gobiernos, han incorporado esta métrica desarrollada en la Universidad de Oxford como un sistema que permite establecer prioridades conjuntas con el fin de definir iniciativas encaminadas a conseguir lo que se conoce como el doble descenso de las emisiones y de la pobreza. La utilidad de la herramienta es que permite evaluar adecuadamente las disyuntivas ante diferentes sendas posibles.

El motivo es que efectivamente la metodología general incorpora tres dimensiones: educación (años de escolaridad y asistencia escolar), salud (nutrición y mortalidad infantil) y estándar de vida (combustible para cocinar, saneamiento, agua, electricidad, vivienda y tenencia de activos). Se logra así una visión más completa, que es de particular utilidad en nuestra región.

Para fines de 2022 ya existían índices de pobreza multidimensional en 11 países de la región, incluyendo a Colombia, cuya progresión es notoria. Es importante anotar que las ponderaciones de cada elemento pueden ser distintas, por lo cual las cifras obtenidas no son necesariamente comparables entre una nación y otra.

Más allá de la aclaración, aquí lo importante es que existe una manera de crear un marco que ponga a un mismo nivel los objetivos suscritos en el marco de la Naciones Unidas y las conferencias internacionales, relativos a pobreza cero y cero emisiones netas. Dicho de otra forma, vuelve factibles combinar datos relativos a pobreza y clima.
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Igualmente, esta aproximación permite hacer más eficiente el uso de recursos públicos, que siempre son escasos. Como señalarían quienes se dedican a hacer evaluación de proyectos, el análisis costo-beneficio se vuelve más robusto.

Un ejemplo ilustra la necesidad de observaciones con un rango más amplio. El gas, que viene siendo utilizado en millones de hogares latinoamericanos para cocinar, emite dióxido de carbono. Sin embargo, su masificación permitió remplazar la leña o derivados del petróleo que son mucho más contaminantes y, en el caso de la primera, contribuyen a la deforestación.

De ahí que la postura de abandonarlo probablemente no sea la más indicada en el corto ni en el mediano plazo, además de que proceder por esa vía muy seguramente afectaría la economía familiar de tantos. Uso esta ilustración no para abrir un debate respecto a este combustible, sino para señalar que requerimos de una lectura más completa con el fin de asumir una obligación integral.
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Disminuir las emisiones que ocasionan el cambio climático y al tiempo conseguir reducciones significativas en la pobreza no tiene por qué ser una utopía. Hay que apuntarle, entonces, a lo que se conoce como el doble descenso, pues existe la oportunidad de crear un marco que ubique ambos propósitos en el mismo nivel.

Y reitero que no hablo de un sueño irrealizable. Todo lo contrario, en el CAF creemos que es viable una estrategia verde, azul y biodiversa, que acabe con la miseria y redunde en mejoras sustanciales en la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños. Hacia ese objetivo seguimos trabajando, tanto con financiamiento como con conocimiento.