Dura medida contra colombianos en El Salvador: los acusan de tener banda criminal
Una corte de El Salvador ordenó que un grupo de 40 personas, entre colombianos y salvadoreños, señalados de pertenecer a una organización delictiva “trasnacional” dedicada a préstamos ilegales de dinero permanezcan en prisión preventiva mientras enfrentan un proceso en su contra, según informó este 1.° de agosto la Fiscalía General.
“La Fiscalía logra que los 40 acusados de operar ilegalmente en microfinancieras sean enviados a prisión preventiva”, indicó en rede sociales.
Añadió que “funcionaban ilegalmente bajo el plan denominado ‘gota a gota’ para obtener diferentes cantidades de dinero que desviaban a otros países”, por lo que son procesados por los cargos de receptación y agrupaciones ilícitas.
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló el pasado 17 de julio la existencia en el país de una supuesta organización “criminal”, conformada por extranjeros, en su “mayoría colombianos”, dedicada a la estafa y al lavado de dinero.
Añadió que se detuvieron a 110 personas ligadas a dicha estructura, “la mayoría de ellos colombianos”. Sin embargo, el fiscal no especificó cuándo fueron realizadas dichas capturas.
La Cancillería colombiana, por su parte, informó el 19 de julio en un comunicado de que las autoridades de El Salvador detuvieron a más de 60 ciudadanos colombianos desde 2022 acusados de presuntamente pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero.
Colombianos habían pedido deportación
En un vídeo apareció uno de los detenidos pidiendo disculpas al pueblo salvadoreño. “Vimos la oportunidad de trabajo por eso decidimos quedarnos trabajando”, dijo el hombre, según el audiovisual difundido por el periódico local Diario El Mundo.
Otro de los detenidos dijo que “estábamos trabajando en trabajos normales que no son supuestamente ilegales”.“Pedimos que nos deporten, que nos deporten para Colombia”, expresó un tercer capturado.
La revelación por parte de las autoridades salvadoreñas de la supuesta organización delictiva se da en momentos en que familiares de colombianos han denunciado, a través de organizaciones de derechos humanos del país, la captura de parientes en el marco de un régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con las pandillas.