Perú: Pedro Castillo permanecerá detenido por 18 meses.
El expresidente del Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses, tras ser detenido para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, resolvió el jueves la Corte Suprema.
La decisión de un juez supremo, que declaró fundado un pedido de la fiscalía, se sustenta en que existe “peligro de fuga” del imputado, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida se extiende hasta junio de 2024.
Entre tanto, el Gobierno peruano ordenó un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos, de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que han muerto, al menos, seis manifestantes antigubernamentales, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo.
Decenas de manifestantes que piden la liberación del exmandatario acampan en los exteriores de una prisión policial al este de Lima, donde el exgobernante está detenido.
Al menos seis manifestantes han muerto en las primeras 20 horas del estado de emergencia nacional en Perú, que entró en vigor este jueves, en las protestas que suman 14 fallecidos desde el domingo y que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente.
Así transcurrió la audiencia
El expresidente ni ninguno de sus abogados se presentaron al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva.
Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.
En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.
Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla, iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.
“Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión”, indicó antes de señalar que entre ellos figura una “vacancia (destitución) ilegal y exprés”.
Agregó que el Congreso también ha realizado un “levantamiento del antejuicio”, al que tiene derecho el exgobernante, “ilegal y exprés” y que la audiencia también se ha programado “para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones”.
“Si bien es cierto los abogados tutelamos los derechos en los fueros judiciales, sin embargo en esta audiencia no existen mínimas garantías que eso será así. Ya verán el resultado y se darán cuenta, seremos testigos del ajusticiamiento de a ser humano”, concluyó.
La acusación contra Castillo
Al inicio de la audiencia de revisión del pedido fiscal, el fiscal supremo Alcides Chinchay presentó los argumentos del pedido contra Castillo por la presunta coautoría de los delitos de conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
El fiscal también pidió el mismo plazo de detención para el ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, quien actualmente está en la clandestinidad, por la presunta comisión de rebelión en coautoría y conspiración para la rebelión.
En el caso de Torres, se presentó a la audiencia como su abogado defensor el expresidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial Duberlí Rodríguez.
El fiscal sostuvo al justificar ante el juez el plazo que ha solicitado el Ministerio Público que estiman “que esto requiere los 18 meses, para cumplir con el plazo de la investigación preparatoria, el tiempo que eventualmente dure la etapa intermedia y el juicio oral”.
Según los argumentos del Ministerio Público, Castillo y Torres afrontan una posible condena que superará los 4 años mínimos para solicitar la prisión preventiva y pueden llegar a 10 años.
Entre otros argumentos, la Fiscalía también enfatizó en un eventual “peligro de fuga” de Castillo, ya que se ha informado que después de intentar dar un “autogolpe” de Estado el pasado 7 de diciembre buscó ir hacia la Embajada de México, país que ha manifestado su intención de otorgarle asilo.