En enero de este año el Gobierno Nacional decidió congelar las tarifas de 143 peajes con el fin de darles un alivio a los colombianos. Pero, tal como lo advirtió la Procuraduría General de la Nación, esta decisión abrió la puerta para que los concesionarios afectados demanden a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La primera se presentó el pasado 17 de mayo por parte de Vías del Nus, una vía 4G de 157,4 kilómetros entre los municipios de Bello y Maceo, en el departamento de Antioquia.

Dice que para diciembre de 2024 tendría un descuadre financiero de 80.000 millones de pesos por este congelamiento y por eso está pidiendo que el Estado le pague la suma de dinero que dejará de recaudar o que se liquide el contrato, lo que podría costar unos 2,3 billones de pesos.

El segundo litigio lo instauró la Concesión Ruta al Mar, que está a cargo del proyecto Antioquia–Bolívar. Además de los inconvenientes que está enfrentando porque no pudo subir las tarifas de sus peajes, también alega afectaciones por la no instalación del peaje Caimanera y por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno durante la pandemia del covid–19.

                                         

El expresidente Gaviria afirma que la medida de congelar el valor de los peajes siembra incertidumbre y no debe repetirse en el futuro.

Esta demanda se presentó el 23 de junio y al igual que la de Vías del Nus, aún está pendiente por ser admitida.

El trasfondo de estos dos pleitos es que, al ser iniciativas privadas, no pueden recibir recursos públicos porque así lo prohíbe la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) y hasta el momento no existe ninguna viabilidad jurídica en Colombia para que el Estado les pueda reponer el dinero que dejarán de recibir por el congelamiento de los peajes.

Por lo tanto, así el Gobierno Nacional haya asegurado 500.000 millones de pesos en la adición presupuestal para hacer estos pagos, aún es incierto cómo y cuándo los hará