Con el objetivo de que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo en medio de una inflación que está en niveles máximos de hace 23 años, el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras llegaron ayer a un acuerdo para que el salario mínimo que reciben más de 3,5 millones de personas en Colombia suba un 16 por ciento para el 2023, con lo que pasará del 1’000.000 de pesos actual a 1’160.000 de pesos. Adicional a ello, el auxilio de transporte aumentará otro 20 por ciento, hasta los 140.606 pesos. En total, la suma será de 1’300.606 pesos.

Este es el mayor aumento que reciben los trabajadores en este siglo. Para ver un alza tan elevada hay que remontarse a la década de los 90. En 1999, el aumento fue de 16 por ciento; en 1998, de 18,5 por ciento y en 1997, de 21 por ciento.

Sin embargo, debido a los altos precios de este año, sobre todo de los alimentos, este no es el incremento real más alto de las últimas décadas. Si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierra el año en 12,64 por ciento, como lo estima la encuesta de expectativas del Banco de la República, el aumento de 16 por ciento solo representaría un alza real de 3,36 por ciento.

El mayor aumento real (descontando la inflación) de las últimas décadas se dio el año pasado con 4,45 por ciento. En el 2019 fue de 2,82 por ciento; en el 2014, de 2,56 por ciento y el 2020, de 2,20 por ciento.

“Espero que este incremento recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación, recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita hacer saltar la demanda interna en el país en sus sectores más vulnerables, de tal manera que podamos corregir una situación de crecimiento del hambre y que también se convierta en motor del crecimiento económico”, aseguró el presidente Gustavo Petro en el anuncio oficial del alza junto con los empresarios y las centrales obreras.

Esta es la novena vez que se logra un alza concertada entre las partes en los últimos 22 años en Colombia, tal como ocurrió cuando se reunieron con el fin de pactar los incrementos para 2001, 2004, 2006, 2012, 2014, 2018, 2019 y 2022.

Este año, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, declaró que para calcular el alza tuvieron en cuenta la inflación de los hogares más vulnerables, que fue de 14,34 por ciento, más el dato de productividad de 1,24 por ciento.

“El acuerdo es histórico porque por primera vez nos hemos centrado en políticas para proteger el valor adquisitivo del salario en donde se prioriza la canasta familiar de los pobres”, señaló la ministra.

El techo de la discusión fue de un 20 por ciento, que fue la propuesta de las centrales obreras. Sin embargo, los empresarios no quisieron dar una cifra oficial en ningún punto de la discusión pues prefirieron llegar a la cifra consensuada de ayer.

“Esta es la prueba de que algunos de los temas más importantes pueden ser mejor decididos mediante procesos de conversación, concertación y construcción conjunta, entre los distintos sectores de la sociedad colombiana”, apuntó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que aunque las centrales obreras habían hecho un planteamiento del 20 por ciento, durante los mecanismos de diálogo, los gremios pudieron demostrar que no era pertinente un aumento salarial más alto que el acordado, toda vez que esto afectaría los costos laborales de las empresas, el crecimiento económico y la generación de empleo.

Aliadas, la alianza de 40 gremios y asociaciones empresariales, le solicitó al Gobierno tener en cuenta el impacto de este incremento en el desarrollo de las reformas que se proponen para el 2023, en el que figura una reforma laboral que seguramente presionará los costos de contratación.

“Este aumento está por encima de la inflación estimada más productividad, pero en un contexto internacional y nacional complejo, entendemos la difícil tarea de generar un equilibrio en el porcentaje”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta del gremio.

Con el objetivo de que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo, la mesa tripartita adelantó una serie de acciones, tales como que una lista de 204 valores y costos ya no subirán el próximo año con el salario mínimo. La ministra dijo que hoy saldrá un decreto con 50 actividades, antes de terminar el año se trabajará en otra serie de productos y llevarán los últimos 34 al Plan Nacional de Desarrollo.

“Queremos destacar el acuerdo alcanzado con el que se beneficiarían millones de colombianos, resaltamos la actitud del Gobierno en acercar a las partes para lograr la materialización de este conjunto de medidas que van más allá del incremento salarial. Con este acuerdo avanzamos en la garantía de derechos”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la CUT.

Desde el Ministerio del Trabajo también dijeron que se buscará disminuir el impacto de las tarifas de la energía en la canasta básica, que están trabajando en el control del precio de los medicamentos y que se revisará el mecanismo de la fijación de la tasa de usura.

Respecto a los pensionados, continuarán con el desarrollo de una propuesta que implique una reducción progresiva de sus aportes a salud. Del lado del agro, se buscará que el Ministerio de Agricultura fortalezca los mecanismos de acceso a insumos y los alivios financieros, entre otros.

¿Los colombianos que ganan un mínimo ya no perderán su poder adquisitivo el próximo año?
No, la apuesta del gobierno del cambio ha sido proteger no solo el poder adquisitivo de los más de 3,5 millones de personas que ganan el salario mínimo en Colombia, sino además de los y las trabajadoras que están actualmente en la informalidad y que son el 58 por ciento de la fuerza laboral, unos 12 millones de trabajadores y trabajadoras. Por primera vez en la historia tuvimos en cuenta la inflación, que yo he llamado la canasta de los pobres.

¿Un aumento alto podría tener repercusiones posteriores en la informalidad y el empleo?
Precisamente para mitigar esas repercusiones, desde la mesa tripartita concertamos además la desindexación de 204 productos y servicios que están ligados al salario mínimo, y este decreto saldrá en las próximas horas.
Además, adelantamos acciones como la revisión al mecanismo de fijación de la tasa de usura o la producción de información para mejorar la toma de decisiones. Con el tema de los pensionados, en tal sentido, se continuará con el desarrollo de una propuesta legal que implique una reducción progresiva y paulatina de los aportes a salud de todos los pensionados, siguiendo con aquellas que estén en el rango de 2 a 3 salarios mínimos pasando del 12 al 10 por ciento.

¿Qué harán para controlar la tasa de usura y las tarifas de energía?
Se está trabajando en una medida a mediano plazo que consiste en establecer un indexador del sector eléctrico que responda a la realidad económica del sector, mediante mesas con actores del sector, el Dane y el Banco de la República.

Sobre el mismo tema, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó además que el Gobierno Nacional incluyó recursos por 3,1 billones de pesos en el Presupuesto del 2023 destinados al financiamiento de menores tarifas de energía eléctrica para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, garantizando así un subsidio de 60, 50 y 15 por ciento, respectivamente, de acuerdo con la normatividad vigente y que actualmente el Gobierno Nacional está en proceso de expedición de un decreto que permita pagar los subsidios causados en 2022.