La Contraloría General de la Nación advirtió sobre un posible detrimento patrimonial de cerca de $58 mil millones (12 millones de dólares) en la Policía por la adquisición de un avión. La compra primero se justificó para patrullaje de seguridad y transporte de tropa y terminó siendo una aeronave de lujo para 14 pasajeros.

El órgano de control del Estado, encargado del control fiscal a las entidades y particulares que manejen fondos o bienes de la Nación, estableció que habría un detrimento patrimonial de 12 millones de dólares en la Policía por la compra de esta aeronave.

El jet de lujo usado, para 14 pasajeros, no respondió a la necesidad que planteó en un principio la Policía para esa compra: transportar al mayor número de personas, de los grupos operativos de la Policía, como los grupos antinarcóticos.

“Esto golpea sensiblemente el presupuesto de la Policía, porque el presupuesto global era de $200 mil millones de pesos y esta compra significa algo más de $58 mil millones. Es decir, con un solo avión terminaron gastando el 41% del presupuesto que se había planteado para tres aviones que iban a transportar 44 pasajeros cada uno“, aseguró Luis Eduardo Parra, contralor delegado para la Defensa y Seguridad de la Contraloría General de la Nación.

El artículo reconstruye el paso a paso de este proceso con vicios de irregularidad. Hasta octubre de 2021, el plan de adquisiciones de la Policía establecía la compra de tres Embraer Legacy 140 – 145, sin embargo, el general Penilla modificó los términos de referencia de la adquisición, en un acta fechada el 1 de enero de 2022 a las 4:00 p.m.

En este documento, firmado por él y por el coronel Juan Julio Villamil, jefe de la oficina de Planeación de la Policía Nacional, se definió la compra del jet de lujo, al cambiar la referencia a un Embraer Legacy 600, un avión propio de estrellas de la farándula del mundo y magnates, inútil para patrullar así como para transportar tropa.

El otro elemento que preocupa a la Contraloría tiene que ver con el consorcio al que se le contrató para ejecutar la compra. Se trata de tres empresas, dos de las cuales, con el 95% de acciones en esta compra, no tienen ninguna experiencia en el sector aeronáutico y están asociadas al mundo de la construcción, el servicio de alimentos y de la maquinaria agrícola.

Esta realidad explica, en parte, uno de los elementos más llamativos de la investigación de la Contraloría: la Policía habría recibido la oferta de otros dos aviones de la misma referencia (Embraer Legacy 600) con un modelo más reciente, menos horas de vuelo y mejor precio. Uno fue ubicado por la Fuerza Aérea Colombiana en Estados Unidos, y valía 8.9 millones de dólares, tres millones de dólares menos que el que compró finalmente la Policía de Colombia. El otro es el de la Presidencia del Ecuador, que tenía tres veces menos horas de vuelo que el que se compró y que tenía un precio 8 millones de dólares.