Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a este medio que se debe hacer “la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos”. 

Haciendo referencia al comentario que hizo el presidente Gustavo Petro en El Tarra, Norte de Santander, donde mencionó -frente a 5.000 campesinos y líderes indígenas- que “los campesinos pueden seguir sembrando coca mientras prueban con cultivos sustitutos”, esto de manera gradual.

Frente a la posición que fijó Estados Unidos, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), respondió que “hasta ahora no ha habido cambio de posición con relación a lo que ha planteado el Presidente”. 

Lizcano, además aseguró que Gustavo Petro está planteando “que haya una sustitución efectiva, una sustitución rápida, no que se legalice la droga”. 

“Sí se pretende acabar con la coca, pero que los campesinos tengan opciones de desarrollo y que la sustitución traiga mejores condiciones de vida para los campesinos y no más pobreza”, manifestó. 

En cuanto a esto, el senador David Luna, de Cambio Radical -un partido que se declaró independiente-, dijo que el jefe de Estado lo que hace es “lanzar el anzuelo y cuando de Estados Unidos lo llaman, él se retracta”. 

Por eso, insistió en que lo que Petro hace “es hablarle a su electorado y mantener su relato de una confrontación con Estados, pero en últimas termina haciendo lo que pidan este país”.

Otra de las personalidades políticas que se refirió al tema fue el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien aseguró que Estados Unidos “no está advirtiendo nada a Colombia”, sino que es “un diálogo que se ha establecido desde el comienzo de este Gobierno con la administración de Estados Unidos para lograr una política concertada y un nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico”. 

María del Mar Pizarro, la representante a la Cámara, expresó “Estados Unidos debe entender que es un momento de tomar decisiones contundentes en cuanto a política de drogas” lo que lleva a que el mecanismo de erradicación forzada -que ha fracasado en los últimos 30 años- debe transitar “hacia un modelo de regulación con enfoque social desde el marco de la soberanía nacional”.