La reversa en la decisión, que iba a afectar a universitarios extranjeros que deben seguir estudios en línea a raíz de la pandemia del coronavirus, fue anunciada por una jueza federal de Boston a cargo de la demanda presentada por la Universidad de Harvard y el MIT contra la decisión del gobierno, anunciada el 6 de julio.

“Las partes llegaron a una solución (…). El gobierno aceptó anular la decisión”, indicó la jueza Allison Burroughs en una brevísima audiencia que debía tratar la demanda de Harvard y el MIT, y que se celebró por teleconferencia debido a la pandemia.

La demanda judicial de estas dos universidades, entre las más prestigiosas del mundo, fue apoyada por el estado de Nueva York y decenas de otras instituciones y sindicatos de profesores. Otros 17 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda similar contra el gobierno.

Empresas tecnológicas que contratan a muchos extranjeros, entre ellas, Google, Facebook, Twitter y Spotify, también apoyaron la demanda de las universidades.

El anuncio del gobierno sumió a las universidades en el caos cuando preparaban sus planes para el nuevo año escolar que comienza en septiembre, en momentos en que la pandemia progresa en Estados Unidos.

Un millón de estudiantes extranjeros

Cientos de miles de estudiantes extranjeros corrían el riesgo de ser deportados de Estados Unidos porque sus universidades solo ofrecerán cursos en línea a partir del próximo semestre.

Harvard y el MIT fueron los primeros en hacer frente a la decisión de la policía migratoria el miércoles pasado, cuando pidieron a la justicia bloquear una orden “arbitraria y caprichosa”.

“Parece que fue diseñada a propósito para presionar a las universidades a fin de que abran sus campus para clases presenciales este otoño, haciendo caso omiso de las preocupaciones sobre la salud y la seguridad de los estudiantes, profesores y otros”, dijo el presidente de Harvard, Lawrence Bacow.

Estados Unidos tiene cerca de un millón de estudiantes extranjeros (5,5% del total), y muchas instituciones dependen en gran medida de sus exorbitantes pagos de matrícula.

Ni la jueza ni los abogados del gobierno dieron ninguna razón para la marcha atrás.

Muchas de las decisiones de la administración del presidente Trump son cuestionadas en la justicia, pero éste en general prosigue la batalla en todas las instancias, hasta la Suprema Corte.

Trump no reaccionó de manera inmediata a la decisión.

El presidente, que ha hecho de la lucha contra la inmigración el buque insignia de su mandato y apuesta a la reactivación de la economía para ser reelecto en noviembre, llama incansablemente a la reapertura de escuelas y universidades.

Pese a que Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus en el mundo, con más de 3,4 millones de casos y 136.200 muertes, Trump citó la semana pasada el ejemplo de varios países europeos que “abrieron las escuelas sin problemas”, y amenazó con cortar fondos federales a las instituciones que no reabran.

A pesar de la presión, varios distritos escolares, sobre todo en California donde la pandemia está en plena explosión, anunciaron el lunes que los estudiantes solo regresarán de manera parcial a la escuela en septiembre.