Agencias de inteligencia de países latinoamericanos fueron hackeadas hace más de un mes por los “Guacamayan”, un grupo hacktivista tipo Anonymous que divulga información clasificada. En dicho ataque cayó la Fiscalía General Nación. Al principio negaron la filtración, pero hace diez días tuvieron que reconocer que habían sido vulnerados, aunque lo hicieron sin mayor aspaviento. La filtración es enorme: más de 5 terabytes de correos privados a los que ELCOLOMBIANO tuvo acceso.

En los “barbosa leaks”, como ya algunos tuiteros llaman a esta filtración, se encuentra correspondencia desde finales de 2009 y hasta mediados de este año. Se trata de información confidencial relacionada con varias dependencias como el CTI, la Sijin y el Gaula.

Además, en las filtraciones cayeron miles de correos de denuncias ciudadanas y derechos de petición; abundan, por ejemplo, las denuncias de casos de acoso sexual en la Fiscalía, en instituciones del Estado, colegios y universidades, además de quejas por maltrato intrafamiliar, solo para señalar la información tan delicada que está rodando por Internet.

Y como si no fuera suficiente, hay documentos sobre el funcionamiento de la Fiscalía: cuentas de cobro, pago de facturas, planeación de viajes de los agentes del CTI, pago de viáticos y hasta claves de correos electrónicos o de páginas de información como el Registro Único Empresarial (Rues). Y aunque parezca irónico, un gran conjunto de información son correos con sugerencias y consejos para buenas prácticas y cuidado de la información confidencial y la ciberseguridad.

Pero entre todo, lo que más llama la atención es la enorme cantidad de información sobre casos polémicos como las chuzadas desde el Ejército y la Policía, que fue revelada por Revista Semana hace varios años, el caso Odebrecht, y hasta los delitos de los exFarc Iván Márquez y Jesús Santrich.

Han pasado cinco años desde que la Fiscalía capturó a los fundadores y socios de la firma Estraval, quienes captaron más de 600.000 millones de pesos de inversores a quienes les prometían hasta el 150% en ganancias, y pese al tiempo las víctimas aún esperan una reparación. Este es uno de los casos con más menciones dentro del hackeo a la Fiscalía.

En 2017, el Gaula capturó a los fundadores César Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán (además de otros socios), quienes quedaron en libertad por vencimiento de términos en 2019. Pero todo el caso no quedó ahí: justo el pasado 7 de octubre la Procuraduría General de la Nación sancionó por más de $25.000 millones a exmiembros de la junta directiva del Banco Agrario por detrimento patrimonial en la compra de cartera de estas libranzas.

Varias aristas del caso aparecen en el documento. Por ejemplo, durante el proceso judicial de Bastidas y Mondragón, el teléfono móvil del abogado defensor Carlos Eduardo Borrero fue interceptado de manera ilegal por orden directa del fiscal Pedro Berdugo Saucedo durante 2016 y 2017.

La Superintendencia de Sociedades en enero de 2021 envió un correo al fiscal general Francisco Barbosa: “Pone en conocimiento documentos en los que señala que varias personas habrían incurrido en conductas reprimidas por la legislación penal”, haciendo referencia a las denuncias enviadas por Juan Carlos Bastidas Alemán y Pedro Harold Carvajal, dos de los procesados por la pirámide Estrategia en Valores S.A.

A mediados de 2016, los fundadores de Estraval contrataron a un grupo de abogados defensores para asistir ante el proceso de liquidación que se adelantaba en la Superintendencia de Sociedades. Entre los abogados defensores estaba Carlos Borrero como representante ante el trámite de liquidación judicial con la Superintendencia de Sociedades, y Juan Manuel Valcárcel encargado de los procesos penales.