La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sorprendió ayer con la convocatoria a una firmatón contra la excarcelación de reclusos, como lo propone el proyecto de ley del Ministerio de Justicia -se espera sea radicado en el Congreso en esta legislatura-, que reemplaza la cárcel con labores en el espacio público.

Lo que se sabe de la iniciativa del Gobierno Nacional es que busca resolver el problema de hacinamiento que se presenta en las cárceles. Con ese fin plantea, entre otras propuestas, que las personas condenadas puedan prestar, en libertad, un servicio no remunerado en actividades como el mejoramiento del espacio público, asistencia a víctimas y comunidades vulnerables, de carácter educativo, cultural y ambiental.

Dicho servicio sería una opción adicional de sustitución de prisión para condenados que cumplan con ciertas características, como estar condenados a menos de seis años, que no sea por conductas contra la libertad, integridad y formación sexual, entre otros requisitos.

La invitación de la mandataria es para que los ciudadanos descarguen una carta o petición ciudadana contra la impunidad– como la denominó López–, la firmen y se la envíen por correo al presidente Gustavo Petro; al ministro de Justicia, Néstor Osuna, y al Congreso de la República. En el encabezado de la misiva están los correos de los destinatarios.

“Voy a enviarles esta carta y les voy a pedir que se la hagamos llegar no solo al ministro de Justicia y al Presidente, sino a los congresistas, rogándoles que no les den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos, como es su obligación”, señaló la mandataria al presentar la iniciativa.

Según López, si se aprueba el proyecto de ley del Ministerio de Justicia podrían salir de las cárceles en Bogotá hasta 6.895 delincuentes, lo que representa el 40 por ciento de la población carcelaria de la ciudad.

“Eso no lo va a aceptar esta alcaldesa, no lo va a aceptar la ciudadanía, apreciados amigos del Gobierno Nacional”, señaló López.

Según la Dirección de la Policía Nacional, en las URI y estaciones de Bogotá hay un hacinamiento del 255 por ciento, pero además, se han presentado frecuentes fugas y dos muertes en los últimos tres meses. El 88 por ciento de los capturados son dejados en libertad, y por el delito de hurto a personas en todas las modalidades se reportaron 137.000 casos en 2022, siendo el de celulares el más común, con 65.000. En estos las investigaciones poco avanzan.

En la presentación de su propuesta, López pidió continuar el trámite del proyecto de ley de justicia restaurativa, que ya pasó el primer debate, y que es de iniciativa de la Alcaldía de Bogotá. Este fue presentado el 3 de agosto de 2022 y tiene como objetivo crear un régimen de tratamiento penal alternativo para la seguridad y convivencia ciudadana. Propone que el victimario repare integralmente a sus víctimas y a la sociedad, a través de trabajo social no remunerado.

El ministro Osuna le respondió a la mandataria dándole la bienvenida al debate y señalando que “es más útil un diálogo con argumentos, mirando artículo por artículo, qué conviene y qué se le puede cambiar, pero la democracia es la democracia y bienvenida cualquier forma de expresión democrática”.

No obstante, la iniciativa de la alcaldesa generó diversas opiniones acerca de los efectos reales de ese tipo de propuestas sobre los mecanismos de justicia y el fenómeno del hacinamiento carcelario.

Una de ellas es la exministra de Justicia Gloria María Borrero, quien señaló: “Es prematuro oponerse a un proyecto de ley sin conocerlo en detalle”, pues aún no ha sido radicado por el ministro Osuna.

También dijo que si bien es válido que los ciudadanos expresen sus opiniones en cartas y peticiones, el escenario para discutir las reformas de las leyes es el Congreso.

“El Congreso debe oír todas las opiniones y para eso hacen audiencias públicas. Llevar esas discusiones a la calle, cuando existe el Congreso, es debilitar y desconocer las instituciones de nuestro estado de derecho”, agregó Borrero, y agregó que ojalá esas cartas no las hagan como derecho de petición, porque van a congestionar la administración pública, y recordó que cuando estas no se resuelven, son la mayor causa de congestión de la justicia.

Álvaro Forero, profesor de derecho de la Universidad Central, consideró que no tiene nada en contra de las manifestaciones públicas sobre los temas del país, pero que el espacio para discutir las reformas de las leyes es el Congreso.

No obstante, señaló que comparte la preocupación de la alcaldesa respecto al riesgo de una excarcelación masiva, principalmente de personas condenadas por delitos de alto impacto en la ciudadanía, como el robo, el atraco y el microtráfico.

“El sistema penitenciario no logra disuadir al delincuente, y mal se haría en soltar presos, como sugiere el ministro de Justicia”, dijo el constitucionalista.

El investigador Néstor Polanía coincide con Borrero y Forero respecto de que no se conoce el proyecto de excarcelación a cambio de servicios de utilidad pública no remunerados y afirmó que lo que busca la alcaldesa con la convocatoria es generar un movimiento popular, como lo hizo en la consulta anticorrupción, para dar “un golpe de opinión” y así lograr un capital político.

“Esos llamados lo que generan es un tema de cohesión, indignación popular y cargarse la abandera de decir ‘yo no voy a permitir la impunidad’; obviamente, eso va a ser rentable electoralmente”, señaló Polanía, y añadió que más allá de la “estrategia de marketing político” no encuentra argumentos técnicos de la mandataria.

Polanía también señaló que los problemas de seguridad y justicia del país son estructurales y que las soluciones están en ampliar la capacidad de la Rama Judicial, con más jueces y fiscales, y con mayor y mejor infraestructura carcelaria.

Por su parte, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos y quien ha estudiado los temas de seguridad y hacinamiento en las estaciones, URI y cárceles, consideró “inoportuna y populista” la convocatoria de la mandataria y aseguró que “hay canales institucionales más efectivos, como el Congreso.

“Sigue la misma fórmula del Estado de opinión para convocar un sentimiento ciudadano”, indicó Oróstegui, quien adelantó que puede ser el inicio de la campaña.

Minjusticia le respondió a Claudia López

Desde Paipa, Boyacá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le respondió a la alcaldesa de Bogotá. Le dijo que es “bienvenido el debate” y que “es más útil el diálogo con argumentos”.

El jefe de la cartera de Justicia destacó que el proyecto que llevará al Congreso para su discusión no genera impunidad y explicó que “está centrado en restablecer los derechos de las víctimas, favorecer la resocialización de los privados de la libertad y establecer un grado de actividades que les permita incorporarse a la sociedad”.

El ministro reconoció que “el sistema penitenciario es un fracaso total”, que no funciona bien y que hay que mejorarlo.

Y agregó: “No vamos a discutir, seguramente todos estamos de acuerdo en la finalidad de tener una sociedad con menos delitos, con menos impunidad, y este proyecto le apunta a eso, con menos reincidencia”.