El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que hay por la construcción del metro de Bogotá. Este viernes publicó en sus redes sociales este mensaje: “Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades”. 

Además, confirmó que acelerará su viaje a China “para buscar opciones con el Gobierno de ese país en relación al metro de Bogotá”. 

Luego agregó: “Sé lo que debió ser el gran escándalo: botar los estudios terminados del metro subterráneo de Bogotá, pero fue un gran silencio; ahora sí será el gran escándalo solo porque intentamos recuperar parte de esos estudios y transformar un proyecto en bien de toda Bogotá”. 

La discusión se intensificó este jueves luego de que el Gobierno empezó a ejercer presión contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Si la alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues entonces también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil”, le dijo a EL TIEMPO el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. 

López ha asegurado que defenderá la posición de que ese megaproyecto se inaugure en 2028, como está presupuestado con el actual diseño de metro elevado. La opción de Petro, que es subterráneo, implicaría un retraso de al menos 6 años, hasta 2034, y hay fuerte discusión por su costo billonario y por su viabilidad jurídica.

Y es que el Gobierno nacional contrató al exconsejero de Estado Enrique Gil Botero para que analizara si es posible modificar el contrato de construcción del metro de Bogotá, para que no sea elevado sino subterráneo, como lo quiere el Petro.

El documento de las conclusiones fue publicado por el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano. Allí se señala que “es viable o posible la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual”.

El documento dice que el cambio es “necesario y determinante”, además es clave contemplar los “inconvenientes en la gestión predial del proyecto” y “graves afectaciones” para la movilidad de la ciudad. También señala que “(…) la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea”.

Sin embargo, otro concepto que fue conocido por la Unidad Investigativa de este diario, le fue enviado a Lizcano. Este señala que freno presidencial a contratos de prestación no tiene sustento. 

“La prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión con personas que hubieren celebrado otros contratos de prestación de servicios carece de sustento legal, lo que impide introducir prohibiciones o inhabilidades para contratar que no hayan sido previstas por el legislador previamente, dado su carácter restrictivo y reservado”, afirmó.