Personería de Bogotá suspende a la gerente de la Subred Centro Oriente por contratos
La Personería de Bogotá suspendió por seis meses a Claudia Lucía Ardila Torres, gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud- Centro Oriente ESE, por firmar contratos de prestación de servicios que supuestamente “exceden los límites de la tabla de honorarios sin justificación”.
El organismo de control afirmó que Ardila suscribió dos contratos por un valor de 13.500.000 de pesos mensuales cada uno, en el año 2020. Según la Personería, se trataría de una falta grave con culpa grave.
La decisión de primera instancia, proferida por la Personería Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria, estableció que la funcionaria no habría justificado la especialidad, complejidad o detalle de los contratos.
Asimismo, tampoco habría especificado cuáles eran las calidades y características especiales de confianza y alta complejidad de los asuntos que se confiarían a los contratistas. Esto conforme lo establece el artículo cuarto de la Resolución interna 181 del 24 de marzo del 2020.
Han sido suspensiones provisionales que al cabo del tiempo no han terminado con cargos
Además, se evidenció que la gerente habría incumplido el Manual de Contratación de la entidad, por cuanto los contratistas no acreditaron la experiencia requerida y no se allegó la certificación del Área de Talento Humano que estableciera si la entidad contaba o no con personal de planta que atendiera las funciones relacionadas con el objeto de los contratos.
Ardial Torres, quien ya ha sido suspendida en dos ocasiones, una de ellas también por la Personería y otra por la Alcaldía Mayor, le dijo a EL TIEMPO que su defensa va a apelar la decisión de primera instancia.
La primera suspensión por parte del ente de control fue por una fiesta de funcionarios en el hospital Santa Clara, pero en este caso la funcionaria fue exonerada.
“Han sido suspensiones provisionales que al cabo del tiempo no han terminado con cargos. Yo hoy no tengo ni un solo cargo en mi contra”, añadió.
La Personería consideró que Ardila Torres, como ordenadora del gasto, tenía a su cargo funciones del nivel directivo, así como capacidad decisoria, por lo que estaba “obligada a actuar en defensa de los postulados de buena fe, honestidad, economía y moralidad administrativa”.