Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará esta semana a Perú ante la crisis desatada por la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo.

Se espera que la comisión llegue hoy y que la evaluación de la situación en el país vecino se extienda entre los días 20 y 22 de diciembre, según dijo la institución en su cuenta de Twitter.

“La CIDH anuncia que aceptó la invitación formal por parte del Estado peruano para realizar una visita al país”, dijo la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La visita ocurre en momentos en que el país está sumido desde hace una semana en una serie de protestas y bloqueos nacionales luego de que el Parlamento peruano destituyó a Castillo.

La fiscalía peruana decidió dejar en prisión preventiva al exmandatario luego de su fallido intento de “autogolpe” el 7 de diciembre, una decisión rechazada tanto por sus principales aliados como por el Poder Judicial y el Legislativo.

La vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la jefatura del Estado. Hasta el cierre de esta edición, las manifestaciones habían dejado al menos 23 muertos y 210 heridos. A propósito, la CIDH hizo la semana pasada un llamado al diálogo y condenó la violencia.

Las protestas piden un adelanto de las presidenciales (rechazado por el pleno del Congreso peruano), convocar a una asamblea constituyente y una reorganización del sistema de justicia.

Esta visita allanará el camino y es la preparación para otro encuentro que tiene previsto el relator de la CIDH para enero de 2023. Castillo pidió la semana pasada desde la cárcel que la CIDH intercediera por sus derechos.

Con 23 muertos en siete días, sus posibles bases rebeladas y un Congreso con escasos simpatizantes que no se abre a su propuesta de adelantar elecciones, Boluarte se ha enrocado en una defensa institucional de la actuación policial y militar frente a unas protestas, en ocasiones muy violentas, con la que tratará de resistir hasta el término de su mandato.

Las críticas han llovido en su contra, pero especialmente de la que debía ser su base social y política, la izquierda, las zonas rurales de Perú y las organizaciones sociales.
En respuesta, el Ejecutivo ha ratificado la presencia de militares en las calles para mantener el orden público y ha hecho tímidos llamados al diálogo, cuando ya la cifra de fallecidos rozaba las dos decenas.

En un intento por volver a conectar con su movimiento político y las zonas del país de las que salió, la presidenta peruana hizo un discurso este sábado frente a las cámaras en el que prometió escuchar y atender algunas de las diversas demandas e intercaló quechua con castellano. La mandataria, además, rechazó dimitir del cargo.

Lo cierto es que este fin de semana las protestas han aminorado y las autoridades han retomado el control de algunos aeropuertos.

A propósito, la ministra de Transportes y Comunicaciones de Perú, Paola Lazarte, anunció ayer que durante hoy se reabrirán los aeropuertos de Juliaca, Ayacucho y Arequipa, que fueron afectados durante las manifestaciones.

“En el caso de Cuzco, todo se encuentra normalizado. Ya hemos restablecido las operaciones gracias al resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas. En el caso de Ayacucho, el probable inicio de operaciones será el martes 20 de diciembre”, declaró Lazarte a la emisora RPP.

Sobre los cientos de turistas que están varados en el país por cuenta de los bloqueos, la ministra también aseguró que se han tomado medidas de seguridad en todos los aeropuertos del país para “salvaguardar la integridad” y seguridad de los pasajeros.