Dom. Abr 21st, 2024

Indígenas emberá viven sin luz y hacinados en albergue de La Rioja

Después de la jornada de protestas del miércoles, que derivaron en hechos de violencia y dejaron un saldo de 27 heridos –entre policías, civiles y gestores de convivencia y de diálogo social–,711 personas –según un documento técnico de la Alta Consejería de Paz al que este diario tuvo acceso– viven desde hace 162 días en condiciones de hacinamiento. Pertenecen a cuatro comunidades indígenas.

Allí llegaron a partir del 13 de mayo, cuando se firmó un acuerdo de 10 puntos con el Gobierno Nacional y el Distrito en el que se comprometían a abandonar el parque Nacional, tras ocho meses de ocupación. “Esta es una problemática que lleva muchos años y que es resultado del conflicto que ha vivido el país (…). Durante estos dos años hemos garantizado albergues, atención humanitaria, servicios de salud, educación y la alimentación; la inversión es de 9.000 millones de pesos”, aseguró Edna Bonilla, alcaldesa (e) de Bogotá.

La UPI La Rioja está ubicada en la calle 4.ª con 15, en Antonio Nariño. Es una edificación de tres pisos y dividida en dos bloques que, antes de la llegada de los emberá, era utilizada para atender población vulnerable, sobre todo jóvenes consumidores y habitantes de calle. La edificación está compuesta por 14 salones de clase que hoy funcionan como habitaciones. En cada uno duermen cerca de 60 personas, entre ancianos, mujeres y niños. Dentro de las habitaciones los camarotes están abarrotados. Sobre ellos reposan utensilios de cocina, carpas, muebles viejos y costales llenos de cobijas. Además, hay otros cambuches hechos con plástico en la primera planta de la segunda torre. Por los pasillos, entre las cuerdas instaladas para colgar ropa, se ven decenas de niños desnudos jugando con lo que encuentran a su paso. Según Jairo Montañez, coordinador técnico de las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB), el hacinamiento en el que viven ha generado un brote de tuberculosis. Esa información fue corroborada por la Secretaría de Salud, entidad que para agosto pasado tenía 13 casos reportados en el albergue temporal.

“Las condiciones aquí son paupérrimas. No tenemos servicios públicos, llevamos sin agua siete días y los cuatro baños no son suficientes. Lo que vemos es un incumplimiento total de los acuerdos”, le dijo Montañez. “Los alimentos llegan en canecas, como si no fuéramos humanos”, agregó Leonival Campos, autoridad mayor de los emberá katío, quien señaló que el presidente Gustavo Petro, quien los recibió en Palacio horas después de la protesta, se comprometió con ayudas humanitarias de emergencia.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, por su parte, informó que los acuerdos sí se han cumplido y que, con corte a agosto, se habían atendido 676 personas de la comunidad emberá y cerca de 267 estudiantes habían sido matriculados en el colegio Restrepo Millán. “Cuando se les acaba el agua potable nosotros se las proporcionamos con carrotanques. Además, se han realizado más de 300 atenciones en salud”, señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, en un live en Voy y Vuelvo.

Bonilla, por su parte, afirmó que antes de llegar a La Rioja, les ofrecieron cuatro espacios con todas las garantías. “Fue la misma comunidad y el Ministerio Público los que escogieron ese espacio para el alojamiento temporal durante 25 días. No fue una imposición del Distrito”, dijo la alcaldesa (e).

Los líderes de la comunidad dicen que, en efecto, ellos aceptaron el lugar, pero que lo hicieron “porque era el que estaba en mejor estado”. Sin embargo, sobre este último aspecto la alcaldía señaló que ha evidenciado daños a la infraestructura eléctrica de la edificación, sobre todo en las tomas de energía y en el cableado.

Denuncias

El panorama para las mujeres y los niños es todavía más preocupante. Además de estar expuestos a las enfermedades, también están en riesgo por situaciones de abuso y violencia intrafamiliar. De hecho, hay al menos tres denuncias relacionadas con casos de violencia sexual y agresiones cometidos por hombres de la comunidad en contra de sus parejas que ya están en poder de la Fiscalía.

“No dejan que los niños vayan al colegio porque prefieren que se vayan con las mujeres a mendigar”

También hay procesos por amenazas y violencia interpuestos por trabajadores de la UPI, quienes han sido agredidos por no permitir el consumo de alcohol dentro del albergue, entre otros motivos. Igualmente, hay denuncias por casos de explotación y por usar menores como escudo durante las protestas. De hecho, una trabajadora del lugar que pidió no revelar su identidad le confirmó a este diario semanas atrás que algunos padres “no dejan que los niños vayan al colegio porque prefieren que se vayan con las mujeres a mendigar”.




Los retornos

Para el Distrito, la mejor solución es el retorno a sus territorios en Mistrató, Pueblo Rico y Bagadó, municipios de Risaralda y Chocó. “La solución definitiva es que las personas regresen a sus regiones de origen y que aquellas que decidan quedarse cuenten con el mismo apoyo que se le brinda a cualquier ciudadano de Bogotá”, dijo Bonilla. De hecho, la alcaldesa Claudia López le hizo una petición en ese sentido al actual gobierno: “Esperamos, presidente Petro, que su gobierno sí cumpla con las garantías al no desplazamiento forzado y al retorno seguro de miles de campesinos e indígenas que llegan diariamente a nuestra ciudad, quienes hasta ahora solo han tenido la solidaridad y atención de Bogotá”, trinó la mandataria.

Sin embargo, para varios indígenas, el retorno no es una solución. “Cada vez que volvemos nos vuelven a desplazar. No podemos seguir viviendo así”, afirmó uno de los representantes de los pueblos indígenas. Por lo pronto, representantes del Gobierno Nacional y del Distrito se reunieron para encontrar una salida a la crisis y acordaron los mecanismos para poder seguir garantizando los derechos de la comunidad.

Son 10 puntos los que se acordaron, entre ellos, revisión de los servicios públicos, entrega de unos kits de noche, reforzar la atención en salud de la comunidad y trabajar en los retornos. “A través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Gobierno Nacional hará una revisión sobre algunos bienes que eventualmente puedan ayudar a solucionar la problemática de hacinamiento. La próxima semana, el Ministro del Interior y la SAE tendrán un informe donde se podrían identificar estas alternativas de alojamiento”, señalaron luego del encuentro.

Dos víctimas de ataques en protesta

Auxiliar de la Policía Ingrid García               Foto:

‘Pensé que no iba a vivir’, auxiliar de policía

Entre los 14 policías que fueron agredidos durante la violenta protesta de indígenas había una joven auxiliar que fue sometida del cabello y luego arrastrada dentro de la estación de TransMilenio Museo del Oro. Se trata de Íngrid García Rodríguez, de 19 años, hija de una empleada de servicios generales y con apenas cinco meses en la Policía, institución a la que ingresó junto con su hermana y a la que quiere seguir perteneciendo.



Ella estaba cumpliendo su turno, cuidando de la estación y ayudando y orientando a los usuarios del sistema, cuando un grupo de manifestantes ingresó, como todos los colados, por las puertas de la estación y de una vez la atacaron. Cuenta que le dijeron: “Los policías son lo peor”, y que la tiraron al piso. Fueron 8 o 9 hombres. “Pensé que no iba a vivir (…). No alcanzaron a golpearme con los bastones, pero sí a mano limpia (…) gracias a Dios me levanté bien hoy”, dijo Íngrid, quien, no obstante, reconoció que está en shock y con moretones en el cuerpo. A esta auxiliar de policía le dieron 5 días de incapacidad.

Exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Distrito.

‘Las mismas personas que atendemos nos atacaron’

Luz Stella Amaya, una cartagenera que echó raíces en Bogotá y es madre de tres niños, fue otra de las víctimas de las agresiones de indígenas. Ella es la coordinadora de gestores de diálogo social de la Secretaría de Gobierno y durante el último año ha estado en contacto “día y noche” atendiendo a esa comunidad, tanto en el parque Nacional como ahora en La Rioja. Eso, afirma, “genera vínculos afectivos y de respeto”. Pero fueron esas mismas personas quienes la atacaron cuando fue a ayudar a dos gestores que eran golpeados. “Por eso digo que nos duele, nos duele”. En total ocho resultaron con lesiones por golpes con palos y ladrillos. Y la sorprendió que mujeres y niños estaban en la primera línea de manifestantes y agresores. Luz Stella quedó con algunas contusiones en piernas y pies, pero a pesar de eso ayer regresó a su trabajo, aunque golpeada emocionalmente porque, en nueve años atendiendo protestas, la del miércoles fue tal vez la que más la ha marcado

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