Fiscalía procesará a cinco patrulleros por asesinato de abusador de TransMilenio.

Empiezan a conocerse los primeros detalles de la muerte de Juan Pablo González Gómez, el hombre que fue señalado de haber violado a una menor de edad en las inmediaciones de la estación de TransMilenio La Castellana, el pasado 31 de octubre, y que días después fue asesinado dentro de un baño de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, que custodian y administran informados de la Sijín de la Policía de Bogotá.

Ayer, la Fiscalía General de la Nación confirmó que por los extraños hechos que ocurrieron la tarde del 6 de noviembre fueron capturados cinco patrulleros que estaban de servicio ese día, que tenían bajo su responsabilidad a González Gómez y que, al parecer, no solo habrían alentado a los otros presos a atentar contra la vida del señalado de abuso en TransMilenio, sino que además, no hicieron nada para salvarlo del linchamiento al que fue sometido.

Hay que recordar que estos cinco hombres ya habían sido apartados de sus cargos y suspendidos provisionalmente de la Policía Nacional desde el 10 de noviembre cuando la institución abrió indagación preliminar por tener sospechas sobre las actuaciones irregulares de los uniformados y cuando las versiones iniciales, reveladas por los mismo reclusos de la URI, dieron cuenta de que lo que había pasado allá adentro se podría tratar de un atroz homicidio.

Aunque al cierre de esta edición todavía no se conocían los detalles de las audiencias preliminares en contra de los cinco uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, ni se habían expuesto los delitos que la Fiscalía buscará imputarle a los uniformados; EL TIEMPO consultó a expertos penalistas para poder esclarecer el panorama de los policías.

Una de las hipótesis que más ha cobrado fuerza en medio de todo el entramado judicial que ha significado el caso de Juan Pablo González es que los custodios de esa tarde simplemente omitieron lo estaba pasando y no previnieron la muerte del recluso.

Frente a esto, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dice que hay que establecer quién lo mató, pues si fueron los otros privados de la libertad los que golpearon hasta la muerte a González y los custodios omitieron las acciones para poderlo mantener con vida, ante la ley, los uniformados serían juzgados igual que el homicida y podrían responder por complicidad en homicidio y la pena que tendrían que afrontar es la misma que la de el o los asesinos.

RESUMEN DEL CASO

2 de noviembre: Hilary Castro, de 17 años, publicó en sus redes sociales un video en el que denunció que la noche de Halloween fue abusada y robada por un hombre en la estación de TransMilenio de la Castellana, al norte de Bogotá. Según el relato fue obligada a comer actos sexuales.

3 de noviembre: la ciudad entró en paro por cuenta de las manifestaciones de varios grupos feministas que repudiaron el hecho. Este mismo día las autoridades identificaron a Juan Pablo González en una barrio de la localidad de Usaquén, donde vivía y donde tenía más denuncias.

5 de noviembre: la tarde del domingo un juez de control de garantías emitió la orden de captura y González Gómez fue arrestado en su apartamento en Usaquén. Según el informe de la Policía, el hombre ingresó a la URI de Puente Aranda a la media noche de este día.

6 de noviembre: Juan Pablo González fue presentado ante una juez de control, quien lo señaló de acceso carnal violento y hurto. A las 12:12 del medio día fue llevado a la URI de Puente Aranda y entre esa hora y las 4:12 del mismo día el hombre falleció producto de politraumatismos.

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